Editorial La Patilla: Si la orden fue parar la censura, ¿a quién protegen las operadoras de Venezuela?
La orden pública para desbloquear medios digitales en Venezuela ya se dio. Si Cantv, Movistar, Digitel, Inter y NetUno siguen bloqueando a La Patilla, la censura ya no es del Estado: es corporativa.
El pasado jueves 17 de septiembre ocurrió un hecho inusual en la dinámica comunicacional venezolana. Tras años de opacidad y medidas arbitrarias, se emitió una instrucción pública y oficial para levantar el bloqueo que pesaba sobre diversos medios de comunicación digitales en el país. El anuncio, respaldado por las autoridades y transmitido de forma abierta, debía marcar el fin de una política de Estado basada en el estrangulamiento informativo. Sin embargo, lo que debió ser una restitución de derechos se ha convertido en la prueba definitiva de una realidad mucho más oscura y perturbadora: la censura en Venezuela ya no necesita la firma del gobierno, porque ha sido privatizada.
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A los pocos días del anuncio, portales hermanos comenzaron a registrar tráfico libre de restricciones. Los usuarios pudieron acceder a ciertas webs informativas utilizando conexiones de Cantv, Movistar, Digitel, Inter y NetUno sin necesidad de recurrir a redes privadas virtuales (VPN). Pero esa normalización fue quirúrgica, calculada y, sobre todo, discriminatoria. Para La Patilla, así como para un grupo específico de medios de investigación y opinión crítica, la pantalla sigue arrojando el mismo mensaje de error. El candado sigue puesto.
Durante más de una década, las empresas proveedoras de servicios de internet en Venezuela mantuvieron una postura de supuesta neutralidad que les resultaba sumamente rentable y cómoda. Su defensa ante la opinión pública y ante las organizaciones internacionales de derechos humanos fue siempre la misma: argumentaban que su infraestructura era un simple conducto y que, como empresas reguladas, estaban obligadas legalmente a acatar las instrucciones emitidas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Bajo este paraguas de obediencia debida, estas corporaciones se lavaron las manos. Ejecutaron el bloqueo de cientos de dominios, alteraron los servidores DNS, filtraron paquetes de datos y aislaron a la población, escudándose en que no tenían otra opción. Eran, según su propia narrativa, rehenes de la burocracia estatal.
Esa coartada ya no existe. El mandato público de flexibilización y desbloqueo anuló por completo la excusa del “acatamiento regulatorio”.
Si el Ejecutivo ha ordenado de manera pública y notoria que se levanten las restricciones, y las operadoras de telecomunicaciones deciden mantener el bloqueo de manera selectiva contra dominios específicos, la cadena de responsabilidad cambia drásticamente. Al no existir una orden oficial, pública y auditable que obligue a mantener a La Patilla fuera de línea, la permanencia de este veto informático tiene un solo responsable: la empresa que le provee el servicio de internet.
Estamos frente a una mutación gravísima del ecosistema de la información. Las operadoras de telecomunicaciones han abandonado su rol de proveedores de infraestructura tecnológica para asumir funciones de editores y censores corporativos. Ya no bloquean por obligación; bloquean por decisión propia.
La gravedad de este hecho no admite matices. Movistar, Digitel, Inter, NetUno y la propia Cantv están obligadas a responder a una lógica elemental. Si la directriz oficial es el libre acceso, el mantenimiento de la censura sobre La Patilla solo puede explicarse de dos maneras, y ninguna de las dos las exime de culpa.
La primera posibilidad es que, paralelamente al anuncio público de apertura, estas empresas hayan recibido una contraorden confidencial, ilegal y no documentada por parte de actores de poder, exigiéndoles mantener la asfixia sobre medios específicos. Si este es el caso, el silencio de las operadoras las convierte en cómplices directas. Al aceptar, acatar y callar ante instrucciones oscuras que contradicen la política pública oficial, estas corporaciones están participando activamente en el fraude al ciudadano. Están protegiendo a quien emite la orden ilegal y asumiendo la ejecución material del atropello. Están priorizando su estabilidad comercial por encima del derecho fundamental a la libertad de expresión, violando los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas que muchas de ellas, especialmente las de capital transnacional, dicen defender en sus memorias y cuentas anuales.
La segunda posibilidad es que dicha contraorden no exista y que la decisión de mantener el bloqueo sea una medida preventiva, autoinfligida y cobarde, tomada desde las gerencias locales de estas empresas. Un intento de sobrecumplimiento del control político para evitar “incomodar” al Estado. Bajo esta premisa, son los ingenieros y ejecutivos de las operadoras quienes deciden qué portal es “peligroso” y cuál es “tolerable”. Se arrogan una potestad que no les corresponde, asumiendo el rol de tribunal de inquisición digital.
En cualquiera de los dos escenarios, el resultado es el mismo: el proveedor es el censor. No hay Estado a quien culpar si el Estado ya dio la orden pública de desbloquear.
Es imperativo trasladar esta discusión al terreno de la cotidianidad del ciudadano, porque la censura corporativa también es un fraude económico. Millones de venezolanos pagan mensualmente tarifas que se han indexado y encarecido progresivamente. Usted, como usuario, paga por un servicio de acceso a la internet global. Sin embargo, lo que estas empresas le entregan es una intranet mutilada, un servicio defectuoso donde ellos deciden arbitrariamente qué direcciones web le funcionan y cuáles no. Le están cobrando la tarifa completa por un servicio que ellos mismos se encargan de sabotear desde sus propios servidores. Es un doble castigo: le quitan el dinero y le quitan la información.
Entendemos la naturaleza del juego político. La estrategia de abrir el grifo de la información a medias busca fracturar al gremio periodístico, crear divisiones entre “medios permitidos” y “medios proscritos”, y generar un clima de autocensura entre aquellos que han recuperado su dominio y ahora temen volver a perderlo. Una táctica de domesticación.
Pero lo que esta editorial exige es que se señale al ejecutor. La invisibilidad ha sido la mejor aliada de los censores corporativos. Es muy fácil para una junta directiva tomar decisiones que aíslan a todo un país cuando el ciudadano enfoca su frustración exclusivamente en el estamento político. Es hora de encender la luz en la sala de servidores.
Es hora de que las operadoras de internet en Venezuela se hagan responsables de sus acciones. Ya no pueden esconderse detrás de un memo de Conatel. Si la orden fue liberar la red y ustedes no lo han hecho, no culpen al gobierno por su falta de voluntad o su exceso de complacencia. Asuman públicamente que se han habituado a filtrar el internet en Venezuela. Asuman que la directiva de su empresa prefiere violar derechos humanos antes que exigir transparencia jurídica.
La Patilla no va a desaparecer porque un proveedor de internet decida no resolver nuestras direcciones IP. Llevamos años operando bajo un asedio continuo, construyendo infraestructuras alternativas, utilizando redes de distribución descentralizadas y contando con la tenacidad de un público que ha aprendido a saltar todos los muros que le han impuesto. Nuestro compromiso con la verdad y con la audiencia permanece inalterable.
Pero la historia periodística de este país está registrando cada movimiento. Hoy, el ciudadano debe tenerlo completamente claro: cuando usted intenta entrar a informarse y la página no carga, ya no es solo una política de Estado. Es una decisión corporativa. Es su operadora quien ha decidido que usted no merece saber lo que pasa. Son ellos quienes tienen la llave del candado. Y son ellos quienes, deliberadamente, se niegan a usarla.