Juan Pablo García: Ensañamiento con el Tte. Cnel. Igbert Marín Chaparro y la perpetuidad de facto

La libertad de un hombre inocente no se negocia, se respeta. Lo que ocurre en Venezuela con el Teniente Coronel Igbert Marín Chaparro no es justicia; es un atropello continuado, una muestra feroz de ensañamiento y una flagrante violación a los derechos humanos que el silencio no puede seguir normalizando.

El Tte. Cnel. Marín Chaparro cumplió la condena de 7 años y 6 meses que le fue impuesta injustamente. Una pena que jamás debió existir. Sin embargo, hoy, habiendo saldado un castigo arbitrario, sigue tras las rejas. Cuando el calendario dictaba su salida, el sistema represor activó la maquinaria de la persecución, fabricando en su contra nuevos cargos falsos con el único fin de someterlo a una prisión perpetua de facto.

Este caso desnudará ante el mundo que la justicia en Venezuela no repara ni protege: persigue, atropella y vulnera. Marín Chaparro es el reflejo de cientos de ciudadanos inocentes secuestrados por un sistema que mantiene tras las rejas a quienes ya cumplieron sus penas de forma íntegra. Convertir los tribunales en herramientas de castigo eterno para quienes piensan distinto es la mayor prueba de que el debido proceso ha muerto. El calvario que vive en el centro penitenciario El Rodeo I, bajo aislamiento y constantes violaciones a sus derechos fundamentales, tiene que parar de inmediato.

Frente a esta aberración, hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los organismos defensores de las garantías fundamentales en todo el planeta. Exigimos una mirada fija y acciones contundentes sobre este patrón de detenciones que se prolongan indefinidamente mediante montajes judiciales. Igbert Marín Chaparro ya cumplió. Le corresponde su libertad; esa libertad que nunca debió perder.

Finalmente, dirigimos una advertencia severa e inequívoca a los “jueces, fiscales y funcionarios del aparato judicial” que convalidan este crimen con su firma y su silencio:

En Venezuela no existe la obediencia debida.

El artículo 25 de la Constitución es tajante: todo acto del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores. Los delitos de lesa humanidad y la persecución política sistemática no prescriben. Cada tribunal convertido en celda y cada prórroga criminal inventada generará una responsabilidad individual. Pronto tendrán que responder ante la justicia verdadera por estas aberraciones.

¡Libertad inmediata para el Tte. Cnel. Igbert Marín Chaparro y todos los presos políticos en Venezuela!

¡Elecciones presidenciales libres y auténticas Ya!