Libertad de expresión: Un derecho inalienable que no se negocia, por Edgar Cárdenas

En el marco de las conversaciones políticas entre la Asamblea Nacional electa en 2015 y los voceros del Ejecutivo, la agenda suele concentrarse en esquemas de gobernabilidad, acuerdos electorales o la flexibilización de sanciones.

Sin embargo, existe un punto crítico que no admite postergaciones ni puede tratarse como una ficha de cambio secundario: la restitución plena e inmediata de las libertades de expresión, información y opinión.

Sobre estos derechos no hay un debate doctrinario pendiente ni espacio para el regateo político; su vigencia es un mandato constitucional que exige únicamente voluntad política para hacerse efectivo.

Tratar las garantías ciudadanas como variables sujetas a concesiones tácticas desvirtúa la naturaleza misma del Estado de derecho. Los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sintonía con los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el país, son claros: el acceso a la información veraz, el libre ejercicio del periodismo y el respeto a la disidencia son pilares fundamentales de la dignidad humana y de la vida democrática.

Para que cualquier espacio de entendimiento resulte creíble ante la sociedad, debe abordar sin rodeos el desmantelamiento de la estructura normativa y técnica que hoy convalida la censura y persigue la opinión libre.

Ese camino requiere, en primer lugar, derogar instrumentos punitivos como la Ley contra el Odio, la Ley Simón Bolívar y la Ley RESORTE, normas que han servido como herramientas de coerción para silenciar el debate plural, imponer la autocensura y penalizar la crítica.

A la par de este desmonte legislativo, resulta urgente restablecer el acceso libre y directo a los portales de noticias e informativos bloqueados en internet, así como resolver la devolución de concesiones para frenar el cierre sistemático de emisoras que ha dejado sin voz al circuito radial de las regiones.

De igual forma, debe cesar el uso de la burocracia tributaria como mecanismo de acoso indirecto. Los reparos fiscales y las presiones financieras desproporcionadas —cuyo impacto quedó trágicamente en evidencia con el cierre del diario La Voz— representan una forma de liquidación sumaria contra las empresas editoriales independientes.

A esto se suma la necesidad de poner fin a la persecución transfronteriza y a la judicialización de los comunicadores en el exilio. Mantener causas penales abiertas e imponer órdenes de captura contra periodistas en el extranjero —como ocurre con la colega Charito Rojas y tantos otros profesionales forzados al destierro— busca silenciar la denuncia fuera de nuestras fronteras y negar el derecho a un retorno seguro.

Garantizar el derecho a saber, opinar y difundir no pasa por concesiones bilaterales ni por cálculos de agenda. Requiere hechos concretos y apego irrestricto a la ley: anular las normas represivas, desbloquear los portales digitales, reabrir las emisoras, frenar el garrote tributario y sobreseer las causas judiciales.

Restituir la libertad de expresión en su dimensión real es el paso ineludible para cualquier intento genuino de reconstruir la confianza institucional, la contraloría ciudadana y la convivencia democrática en Venezuela.

Edgar Cárdenas
Profesor UCV – USM