Salieron a protestar por apagones y los amedrentaron con encapuchados en Ciudad Piar

Habitantes del municipio Bolivariano Angostura (Ciudad Piar), en el estado Bolívar, cumplieron tres días de protesta pacífica cerrando las vías de acceso hacia Piar, Tocomita, Santa Bárbara y las minas de Ferrominera Orinoco (FMO). La movilización surge debido a las recurrentes fallas eléctricas, con cortes que alcanzan hasta 17 veces al día e incontables fluctuaciones que han dañado los aires acondicionados, neveras, freezers de numerosas familias sin que las autoridades ofrezcan respuestas.

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La crisis del servicio eléctrico también afecta el descanso de los trabajadores que operan maquinaria pesada en las minas, así como el de personas mayores, niños y pacientes hipertensos.

Al tercer día de la protesta, el pasado 5 de septiembre, se apersonaron la alcaldesa Nayrobis Abreu, el gerente de minas, Julio Marrero, representantes de la empresa Visco y el gerente patrimonial Williams Galíndez. Los funcionarios no ofrecieron soluciones claras a la problemática. En su lugar, el gerente de patrimonial tomó represalias contra los trabajadores de FMO elaborando listas para quitarles remuneraciones e incluso amenazar con despidos.

Posteriormente, a las 5:00 de la tarde, unos encapuchados acudieron a los hogares de algunos trabajadores para intimidarlos a ellos y a sus familias con el fin de frenar las manifestaciones, en un plan que los pobladores atribuyen a la alcaldesa y al gerente mencionado. La situación no pasó a mayores gracias a la unión de la comunidad en defensa de las familias afectadas.

Los manifestantes cuestionaron la contradicción de que el estado Bolívar, siendo una entidad que alberga centrales hidroeléctricas, atraviese por esta grave situación. Acusaron a las autoridades locales de priorizar la producción sobre el bienestar de la comunidad, señalando incluso que se obliga a los trabajadores a subir a los trenes en condiciones inseguras.

Durante el intercambio registrado en la zona, una vocera de la comunidad increpó a las autoridades exigiendo compromisos reales por escrito y soluciones definitivas ante las precarias condiciones de vida que padecen los habitantes de la zona.