Broxel, empresa multidenunciada e investigada; es la que distribuyó monederos a diputados de Morena
La empresa Broxel, S.A.P.I. de C.V., que fue contratada por la Cámara de Diputados para la distribución de monederos electrónicos, ha sido sujeta de múltiples denuncias e investigaciones por presunto conflicto de intereses, evasión y opacidad en contrataciones gubernamentales.
En diciembre de 2025, la Fintech fue denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por obtener asignación de contratos sin licitación. Incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó la apertura de una indagatoria de oficio a la Secretaría Anticorrupción. Pese a ello, la Cámara de Diputados eligió a la compañía Broxel como dispersora de los fondos del Poder Legislativo.
Las tarjetas de esa empresa no sólo son utilizadas para pagar los vales de despensa de los empleados del recinto legislativo de San Lázaro, sino que también se entregan como vales de gasolina a diputados y, en los últimos meses, como una prerrogativa a los 254 congresistas de Morena, quienes han recibido monederos electrónicos precargados con 10 mil pesos.
Broxel ha sido objeto de múltiples investigaciones. En el año 2020 fue amonestada por incumplir las disposiciones de prevención de lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita), al no entregar a tiempo sus reportes a la Secretaría de Hacienda del ejercicio 2018.
La sanción fue interpuesta por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
En el año 2022 recibió una sanción económica, también por la CNBV, “por proporcionar información falsa, imprecisa e incompleta de manera dolosa a la autoridad regulatoria”.
También en 2022, durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades financieras en Liconsa que sumaron un total de mil 583.9 millones de pesos, principalmente por falta de comprobación de padrones, facturas e inventarios ficticios. Broxel fue la empresa financiera contratada por la administración de Segalmex-Liconsa para dispersar y administrar recursos públicos a través de tarjetas de prepago (como las tarjetas Abasto Social de Leche).
Para el año 2025, comisiones legislativas y autoridades fiscales recibieron un expediente formal que exigía una auditoría profunda a los contratos de Broxel por presuntas triangulaciones financieras y conflictos de intereses. Las quejas interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señalaban un modus operandi basado en la asignación masiva de contratos sin licitación. Un ejemplo de ello ocurrió en el Infonavit, donde entre 2016 y 2024 la empresa obtuvo convenios millonarios, de los cuales 80% le fueron otorgados por adjudicación directa.
De igual forma, se expuso que Servicios Broxel había ganado una multimillonaria licitación federal por más de 10 mil millones de pesos tras haber ofrecido una atractiva bonificación total de casi 6% al gobierno. No obstante, la Presidenta reveló que, tras ganar el fallo del 8 de diciembre, la empresa argumentó que ese porcentaje no era viable como modelo de negocio y pretendía modificar las condiciones para aplicar únicamente 3%.
El caso escaló a tal nivel que en diciembre de 2025 la entonces recién reestructurada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno abrió un expediente en contra de la empresa, y lo hizo por orden expresa de la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Le pedimos a Raquel Buenrostro que pueda revisar de inmediato e informar sobre el avance y estatus de esta licitación”, declaró la Titular del Ejecutivo en una de sus conferencias matutinas.
Horas más tarde, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer la existencia de un procedimiento de inconformidad en contra de Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V.: “La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informa que continúa con el seguimiento puntual y realiza las investigaciones correspondientes para, en su caso, determinar las posibles responsabilidades que resulten derivado de las medidas que se establecen conforme a la ley”.
Pese al cúmulo de denuncias e investigaciones, Broxel sigue operando como proveedora del gobierno y otros poderes.
Este martes, EL UNIVERSAL dio a conocer la entrega de tarjetas de la marca Broxel, en su modalidad corporativa “Tengo Negocios”, precargadas con un saldo de 10 mil pesos a cada legislador morenista.
La coordinación administrativa del grupo parlamentario sostuvo que se trató de un “adelanto de 30 mil pesos de las prerrogativas de fin de año” distribuidas en tres plásticos.
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