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Brugada propone elevar la salud mental a rango constitucional en CDMX; iniciativa incluye atención a adicciones y discapacidad psicosocial

La propuesta busca reformar el artículo 9 de la Constitución capitalina para garantizar servicios gratuitos, oportunos e integrales de prevención, atención y rehabilitación

Por: Redacción InteractPostNews | México ·
Brugada propone elevar la salud mental a rango constitucional en CDMX; iniciativa incluye atención a adicciones y discapacidad psicosocial

La jefa de gobierno, Clara Brugada, envió al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para elevar a rango constitucional el derecho a la salud mental y bienestar emocional, y de paso combatir el consumo de sustancias psicoactivas, y garantizar la atención para personas con discapacidad psicosocial.

La propuesta busca modificar el artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México para establecer que toda persona tiene derecho a la salud mental y al bienestar emocional. Como parte indivisible del derecho a la salud, con respeto a su dignidad y autonomía, en condiciones de igualdad y no discriminación, con perspectiva de género, interculturalidad y enfoque de derechos humanos.

En qué cosiste la propuesta

Se propone que este derecho comprenda: recibir atención oportuna, continua, gratuita y de calidad en servicios públicos y comunitarios de proximidad; y recibir atención integral en situaciones de crisis, así como acompañamiento psicosocial, tratamiento, rehabilitación y seguimiento, de acuerdo con sus necesidades, incluidos los cuidados continuos e intensos.

Asimismo, se plantea que niños, adolescentes y jóvenes a accedan a servicios públicos y gratuitos de prevención y atención en su entorno escolar, con pertinencia cultural y cobertura universal.

“El derecho de toda persona a recibir atención libre de estigma, coerción y violencia y a disponer de los apoyos necesarios para ejercer su plena autonomía; el derecho de toda persona a acceder a servicios públicos de prevención y atención integral al consumo de sustancias psicoactivas, con enfoque de reducción de riesgos y daños, de salud pública, de género y de derechos humanos”, señala la propuesta turnada a comisiones para su análisis y dictaminación.

También se impulsa que las personas con discapacidad, incluida la discapacidad psicosocial, tengan derecho a la habilitación y rehabilitación integral, así como al acompañamiento necesario para su participación plena en la sociedad.

De igual forma, esta reforma constitucional busca que le corresponda al Gobierno de la Ciudad de México la rectoría del sector de la salud, así como la promoción y preservación de la salud colectiva mediante acciones de prevención, vigilancia epidemiológica, control sanitario y atención a diversas enfermedades. “Estos servicios incluyen la prevención y tratamiento al consumo de sustancias psicoactivas, los trastornos y enfermedades mentales, el cuidado de la salud mental, así como la atención a grupos prioritarios.

Combate a las drogas

La reforma también plantea que las y los capitalinos tengan derecho al acceso a un sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad, “incluyendo la salud física y mental y la atención integral al consumo de sustancias psicoactivas”.

En la exposición de motivos se argumenta que esta reforma reconoce explícitamente la salud mental y la atención integral al consumo de sustancias psicoactivas como parte del objeto del Sistema de Salud de la Ciudad, garantizando que estos ámbitos formen parte de las acciones de promoción, prevención, atención y rehabilitación que deben prestar los servicios de salud.

Asimismo, se incorpora expresamente la discapacidad psicosocial dentro del marco constitucional de protección a las personas con discapacidad, y se actualiza la referencia a la rehabilitación para incluir la habilitación y rehabilitación integral, en consonancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los estándares contemporáneos en materia de inclusión y derechos humanos.

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