Comunidad LGTBI protesta en Caracas por derechos y solidaridad sísmica
Cientos de venezolanos marcharon para exigir matrimonio igualitario y protección legal, además de solidarizarse con las víctimas del doble terremoto de junio.

CARACAS, VENEZUELA — Cientos de personas pertenecientes a la comunidad LGTBI se manifestaron el sábado en las calles de Caracas para exigir el reconocimiento formal de sus derechos civiles, incluyendo el matrimonio igualitario y la protección legal de las familias homoparentales. La movilización tuvo un doble propósito, ya que los participantes también buscaban mostrar su solidaridad con las víctimas afectadas por el doble terremoto que sacudió el país en junio pasado. La marcha, que se había previsto inicialmente para junio, fue postergada a esta fecha debido a la magnitud de los eventos sísmicos que impactaron la zona norte del territorio venezolano.
Exigencias legales y contexto judicial
Los manifestantes alzaron sus banderas de lucha para solicitar que se castigue la discriminación contra el colectivo y se prohíba la criminalización de funcionarios de la Fuerza Armada por su orientación sexual. Richell Briceño, abogada y activista residente en Chacaíto, en el este de la capital, declaró a EFE que la decisión de salir a las calles fue estratégica para unir la causa social con la emergencia humanitaria derivada del sismo. Briceño detalló que la organización acudió esta semana al Tribunal Supremo de Justicia, ubicado en el centro de Caracas, con el objetivo de exigir que se dicten sentencias en las causas judiciales que involucran a este colectivo y que llevan más de una década sin resolución.
Esta acción legal se enmarca en un contexto político reciente donde la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó en mayo a la Sala Constitucional que emita una doctrina sobre la diversidad. La comunidad interpreta este movimiento como una oportunidad para avanzar en la legislación que proteja sus derechos fundamentales. La exigencia central gira en torno al reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo y la garantía de que las familias homoparentales cuenten con respaldo legal pleno, algo que consideran pendiente en el marco jurídico actual del país.
Testimonios y percepción social
Entre los participantes de la manifestación se encontraba Paola Berra, una joven de 20 años, quien expresó a EFE su motivación para marchar. Berra afirmó que su objetivo principal es contribuir a la construcción de una sociedad más sana en lo que respecta a los derechos LGTBI. La activista joven señaló que considera que Venezuela se encuentra en un estado de retraso significativo en materia de aceptación social y que la homofobia sigue siendo una barrera estructural considerable. Su testimonio refleja la frustración de una parte de la población joven que busca un cambio de paradigma en la convivencia social y el respeto a la diversidad.
La manifestación anual de la comunidad LGTBI en Caracas se ha consolidado como un espacio de visibilización y presión política. En esta edición, el tono de la protesta fue marcado por la urgencia de resolver las causas judiciales pendientes y la necesidad de una respuesta estatal clara ante la discriminación. Los organizadores destacaron la importancia de no dejar de lado la lucha por los derechos civiles a pesar de la crisis generada por el terremoto, subrayando que ambas causas requieren atención inmediata y simultánea por parte de las autoridades y la sociedad civil.
La postergación de la marcha desde junio a la fecha actual evidenció la complejidad logística y social que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil en tiempos de emergencia. El doble terremoto afectó especialmente al estado costero de La Guaira, lo que obligó a reorganizar las actividades públicas y concentrar los esfuerzos de la comunidad en la solidaridad con los damnificados. Sin embargo, los líderes del colectivo insistieron en que la emergencia no podía ser utilizada como excusa para detener el avance en la defensa de los derechos humanos de la población LGTBI.
La presencia de la abogada Richell Briceño y otros activistas en el Tribunal Supremo de Justicia antes de la marcha demuestra la estrategia dual del movimiento: la presión callejera y la litigio estratégico. Esta combinación busca forzar a los órganos del poder judicial a actuar sobre los casos atascados, argumentando que la falta de resolución durante más de diez años constituye una violación a los derechos de acceso a la justicia. La comunidad espera que la doctrina solicitada por la presidenta encargada a la Sala Constitucional pueda servir como base para desbloquear estas situaciones legales estancadas.
Los participantes de la manifestación portaron símbolos de la diversidad y mensajes de unidad, reforzando la idea de que la lucha por la igualdad es transversal a todas las crisis que enfrenta el país. La solidaridad con las víctimas del terremoto fue un eje transversal en los discursos, donde se enfatizó que la humanidad y el respeto a los derechos son pilares inseparables. La comunidad LGTBI en Venezuela continúa presionando por un marco legal que garantice la no discriminación y la protección integral de sus miembros, tanto en el ámbito civil como en el institucional.
La reacción ante la manifestación ha sido observada con atención por distintos sectores, dado el momento crítico que vive el país tras los sismos. No obstante, la determinación de los manifestantes de mantener viva la agenda de derechos humanos ha sido destacada por los organizadores como un acto de resistencia y esperanza. La exigencia de castigar la discriminación y prohibir la criminalización en las fuerzas armadas responde a casos documentados de vulneración de derechos que buscan ser erradicados mediante cambios normativos concretos.
En conclusión, la marcha del sábado en Caracas sirvió como un recordatorio de la persistencia de la comunidad LGTBI en la búsqueda de su plena integración y reconocimiento legal. A través de la voz de activistas como Richell Briceño y Paola Berra, el mensaje central fue claro: la diversidad es una realidad que debe ser protegida por la ley, y la solidaridad con las víctimas del terremoto no debe opacar la necesidad de justicia social. El camino hacia el reconocimiento pleno sigue siendo largo, pero la movilización masiva demuestra la fuerza del movimiento en un contexto de adversidades múltiples.

























































