Demócratas de EEUU investigarán contratos para construcción del muro fronterizo
La construcción del muro en la frontera con México, fue dejada en manos de contratistas afectos al gobierno de Trump sin la licitación de rigor La entrada Demócratas de EEUU investigarán contratos para construcción del muro fronterizo se publicó primero en Últimas Noticias.

Un grupo de 23 congresistas demócratas solicitó formalmente este lunes al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) que audite la adjudicación de casi 7.500 millones de dólares en contratos destinados a la ampliación del muro fronterizo en la región de Big Bend, Texas.
De acuerdo con los legisladores, los procesos de contratación presentan posibles irregularidades y señalamientos de favoritismo hacia empresas constructoras vinculadas políticamente con la administración de Donald Trump.
La comunicación oficial, impulsada por representantes texanos como Lloyd Doggett, Verónica Escobar, Greg Casar y Joaquín Castro, exige transparencia sobre el uso de fondos federales en una obra que enfrenta cuestionamientos ambientales y operativos.
Según detallan los firmantes, el escrutinio resulta indispensable ante la decisión del Ejecutivo de avanzar con la infraestructura física eximiéndose del cumplimiento de diversas normativas federales habituales.
Vínculos políticos bajo la lupa del Congreso
El documento parlamentario apunta directamente hacia las compañías Barnard Construction y Fisher Sand & Gravel, firmas que acapararon cuatro de los cinco contratos otorgados para levantar las barreras en este sector texano.
Los congresistas argumentan en su escrito que el fundador de Barnard Construction, Tim Barnard, aportó cerca de un millón de dólares a comités de recaudación de fondos para la campaña presidencial de Trump en 2024.
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Asimismo, la misiva expone que Fisher Sand & Gravel contrató en 2021 los servicios de cabildeo en Texas de Tom Homan, actual responsable de la política fronteriza de la Casa Blanca, cuando este dirigía una consultora privada.
Frente a estos antecedentes, los legisladores sostienen en el texto que los contribuyentes merecen la certeza de que las decisiones sobre la región responden a necesidades públicas legítimas y no a influencias políticas o intereses privados.
Impacto ambiental y cuestionamientos a la necesidad operativa
El proyecto de construcción en el oeste de Texas contempla intervenir áreas dentro del Parque Nacional Big Bend, una reserva de más de 324.000 hectáreas limítrofes con México que resguarda especies amenazadas y yacimientos arqueológicos. Esta intervención provoca el rechazo sostenido de organizaciones ambientalistas, propietarios locales y residentes de la zona, quienes advierten sobre los daños irreversibles al ecosistema del desierto de Chihuahua.
A las objeciones ecológicas se suma el debate sobre la pertinencia estratégica de la obra en este tramo específico de 832 kilómetros. Según los datos citados por los congresistas en su solicitud, el sector de Big Bend registró apenas el 1,3 % del total de las detenciones fronterizas durante 2025, posicionándose como una de las zonas con menor flujo migratorio irregular en toda la línea divisoria.
Pese a estas estadísticas, el DHS catalogó la región en mayo pasado como un área de alta entrada ilegal y argumentó una necesidad aguda e inmediata para levantar las barreras. Por ello, los legisladores instan al inspector general a verificar si dicha clasificación se ajusta a la realidad operativa y si el desembolso multimillonario responde genuinamente al interés público.
La petición de investigación ocurre apenas una semana después de que la Corte Suprema de Estados Unidos autorizara al Gobierno federal a retomar las obras en Big Bend, revocando una suspensión previa dictada por un tribunal inferior en Texas. En su resolución, el máximo tribunal respaldó la postura del Ejecutivo al señalar que el Estado posee intereses apremiantes en materia de seguridad e integridad fronteriza para ejecutar la construcción del muro.
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