El régimen de Delcy se inventó una imputación para el secuestro del exalcalde Javier Oropeza

El régimen de Delcy Rodríguez encontró una nueva fórmula para mantener bajo medidas judiciales al exalcalde opositor Javier Oropeza, apenas un día después de que una causa previa en su contra fuera sobreseída. El exfiscal Zair Mundaray denunció que la nueva imputación por homicidio fue utilizada para darle apariencia legal al secuestro del dirigente, quien había regresado a Venezuela después de dos años en el exilio.

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“Sembraron a Francisco Oropeza en un homicidio tal como lo señalé y que esto no guarda relación con el caso sobreseído”, afirmó Mundaray este viernes 18 de septiembre en X. Según su denuncia, la jueza Solimay Arrieta acordó imputar a Oropeza por homicidio intencional simple como coautor en un expediente distinto al que había sido sobreseído el miércoles.

La nueva causa contempla además medidas cautelares que restringen su actividad pública: presentación periódica ante el tribunal, prohibición de participar en reuniones, de ofrecer entrevistas y de comunicarse con las presuntas víctimas. El caso estaría relacionado con la muerte de una persona durante las protestas posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

El movimiento judicial se produjo después de una particular secuencia. Oropeza regresó al país tras dos años de exilio y el 16 de septiembre acudió al Tribunal Cuarto de Terrorismo en Caracas, donde se le notificó el sobreseimiento de la causa que pesaba en su contra. Menos de 48 horas después, fue detenido por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana cuando salía de una entrevista en Barquisimeto.

Aunque fue liberado tras varias horas en el Palacio de Justicia, salió con restricciones que le impiden hablar públicamente sobre el nuevo proceso. “No puedo hablar sobre el tema, no puedo dar declaraciones sobre el tema por el cual fui traído hasta acá”, dijo Oropeza al abandonar el tribunal, antes de añadir. “Seguimos la lucha, porque hacer política y seguir trabajando por la política y por Venezuela, eso no me lo impidieron”.

Mundaray sostiene que la maniobra constituye una nueva muestra de persecución política. “Le impuso presentación al tribunal, prohibición de reunión (anularlo políticamente) no dar entrevistas y no comunicarse con las supuestas víctimas”, escribió, antes de cuestionar que “esta es la paz de Delcy Rodríguez y de Jorge Arreaza. Persecución y criminalización de la disidencia. El aparato criminal intacto”.