La Fiscalía se opone en el Supremo a que se suspenda la inscripción en el censo electoral de los nacionalizados por la ley de nietos
El ministerio público, la Abogacía del Estado y el letrado de las Cortes advierten de que aceptar la petición de Iustitia Europa y Vox privaría del derecho al voto de los nuevos nacionalizados
La Fiscalía y la Abogacía del Estado se han opuesto este lunes en el Tribunal Supremo a que se suspenda la inscripción en el censo electoral de los beneficiarios de la Ley de Memoria Democrática, la llamada ley de nietos, que otorga la nacionalidad a los descendientes del exilio y la emigración. La paralización de esa inscripción ha sido reclamada como medida cautelar por Vox y el partido Iustitia Europa, dentro del recurso que han presentado en el alto tribunal contra un acuerdo del pasado julio de la Junta Electoral Central (JEC) por el que este órgano se declaró incompetente para pronunciarse sobre los efectos en el censo de la ley de nietos. Tanto el ministerio público como la Abogacía consideran que lo que pretenden realmente los partidos de ultraderecha al impugnar ese acuerdo es torpedear dicha ley y han reclamado al Supremo que rechace sus peticiones porque, entre otros efectos, la suspensión de la inscripción en el censo privaría a esos nuevos españoles del derecho al voto, un derecho fundamental recogido en la Constitución.