Ley para Pagos Digitales y Electrónicos: un muy buen paso en la dirección correcta

Como parte del Paquete Económico 2027, el Gobierno Federal presentó una iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos que ya ha sido aprobada por el Congreso y publicada en el Diario Oficial de la Federación. La Ley parte de un diagnóstico correcto: la transición hacia los medios de pago electrónicos reportaría beneficios al gobierno, a las entidades financieras y, sobre todo, a los usuarios y a la economía en su conjunto.

México es un país en que predomina el uso del efectivo. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), alrededor del 85% de las transacciones económicas se realiza en efectivo. Para atacar este problema, la Ley reconoce como mecanismos de confianza a la CURP digital, que serviría como identificación oficial para la contratación digital de servicios financieros, y al Expediente Digital Ciudadano, cuya información deberán aceptar las entidades y cuya portabilidad podrán solicitar los usuarios. Además, obliga a los tres órdenes de gobierno a aceptar pagos electrónicos y digitales en trámites y servicios: deberán habilitar la infraestructura, informar qué medios están disponibles y atender las contingencias que impidan su aceptación. Los proveedores de bienes y servicios, por su parte, podrán implementarlos.

La SHCP determinará los sectores y actividades en los que los pagos digitales serán la única forma de pago aceptada, con reglas y plazos de transición a cargo de la autoridad de cada sector; sólo ante contingencias se permitirá, de manera excepcional, el efectivo o el cheque. La Presidenta ha mencionado que gasolineras y peajes carreteros pueden ser los primeros sectores.

A ello se suman facultades para Banxico: ampliar los niveles de operación de las cuentas de depósito, homologar la experiencia de uso de las aplicaciones financieras y regular, con la CNBV, que quien acepte tarjeta vía TPV acepte también códigos QR.

Hay aciertos claros. Una identificación digital nacional previene el robo de identidad y facilita tanto el onboarding como la realización de pagos; obligar a los tres niveles de gobierno a recibir pagos digitales y, eventualmente, a que en ciertos sectores sean los únicos admitidos, va por buen camino.

Creo que se podría ir más allá. Sería deseable que el gobierno se comprometiera a pagar, incluidas nóminas y apoyos gubernamentales, exclusivamente por canales electrónicos. Además, quienes reciben apoyos gubernamentales, deberían tener un tope de retiros en efectivo, de tal manera que puedan efectuar sus compras mediante canales electrónicos. Ello incrementaría la masa crítica de personas y empresas financieramente incluidas que, al contar con una cuenta de depósito o de nómina, tendrían los medios mínimos indispensables para realizar los pagos que se busca promover (por no decir nada de las ventajas en trazabilidad y control que supone abandonar el efectivo en las compras y gastos públicos). En el mismo sentido, podría exigirse a los concursantes y proveedores de los tres niveles de gobierno que paguen digitalmente sus nóminas como requisito para competir por contratos públicos.

Además, para que los usuarios elijan el pago digital una vez disponible, deberían considerarse incentivos económicos, como por ejemplo un IVA diferenciado o descuentos en las transacciones no pagadas en efectivo (quien pague por un medio digital pagará menos IVA).

Creo también que se debería diseñar una estrategia por parte del Banco de México para ir retirando, de forma gradual, los billetes de más alta denominación, primero de mil pesos y después de quinientos. No hay razón por la cual quienes utilizan esas denominaciones no recurran a pagos digitales.

Es el momento adecuado para adoptar políticas de esta naturaleza, considerando que la gran mayoría de la población tiene acceso a teléfonos móviles con los cuales puede realizar pagos electrónicos.

Es muy positivo que este gobierno esté promoviendo la digitalización de pagos. Una economía con menor uso de efectivo tendría menos crimen, menos corrupción y menos evasión fiscal, además de mayor productividad, ya que el uso del efectivo requiere un manejo complicado para los negocios y obliga a las personas, en ocasiones, a trasladarse grandes distancias para obtenerlo. La nueva Ley constituye un paso importante en el rumbo adecuado. Pero se podría ir más allá.