México prioriza inversión en hidrocarburos: reduce presupuesto para afrontar el cambio climático en 2027
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental alerta que la distribución limita la prevención de daños, la conservación y la transición energética, pese a que el país enfrenta riesgos crecientes por el fenómeno de El Niño, como sequías, incendios y lluvias torrenciales


El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 mantiene una apuesta por los hidrocarburos y deja recursos limitados para que México responda al cambio climático, advierte el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). La organización sostiene que la distribución compromete la prevención de daños, la conservación y la transición energética.
México es uno de los países más expuestos a los efectos del cambio climático por la variación de sus ecosistemas. Para 2027, voces expertas señalan que el fenómeno de El Niño puede intensificar incendios forestales, sequías, disminución de disponibilidad de agua, lluvias torrenciales y episodios de mala calidad del aire.
El gasto destinado a las instituciones ambientales equivale a apenas 0.47% del gasto programable federal y cerca de 0.13% del Producto Interno Bruto (PIB). Esa proporción queda por debajo del mínimo planteado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para atender los compromisos climáticos internacionales, de acuerdo con CEMDA.
La agrupación señala que el Gobierno de México mantiene un presupuesto para hidrocarburos ocho veces superior al asignado a la Semarnat.
El presupuesto ambiental recibe reasignaciones, pero persiste la brecha financiera
La Cámara de Diputados aprobó el PEF 2027 el 10 de noviembre y reasignó 1,000 millones de pesos del Instituto Nacional Electoral (INE) al Ramo 16 de Medio Ambiente y Recursos Naturales. CEMDA reconoce que “esto representa un avance, pero es limitado e insuficiente” para garantizar el acceso a la justicia ambiental.
La distribución de ese ajuste quedó así:
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- Semarnat (sector central): 163.2 millones de pesos
- Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente): 200 millones de pesos
- Conanp (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas): 189 millones de pesos
El monto también incluye a otras dependencias del sector, de acuerdo con la organización ambiental.

Con los cambios de presupuesto, la Semarnat dispone de 5,508 millones de pesos. CEMDA considera que el aumento resulta reducido frente a las atribuciones de la secretaría y las necesidades para vigilar actividades con efectos ambientales, prevenir daños y garantizar acceso a la justicia.
La Conanp recibe 1,799.8 millones de pesos para atender 232 áreas protegidas que cubren una tercera parte del territorio nacional. El monto coloca a la institución en niveles cercanos a los de hace una década, cuando administraba una superficie menor bajo protección.
La Profepa también registra una ampliación. CEMDA sostiene que los recursos siguen sin alcanzar para fortalecer la inspección, atender denuncias, sancionar incumplimientos y reparar daños en los territorios.
El Anexo 16 concentra recursos en mitigación y deja menos de 1% para pérdidas y daños
El Anexo 16 del PEF 2027 etiqueta recursos para cambio climático, aunque la mayor parte se dirige a acciones de mitigación. La adaptación recibe una porción menor y menos de 1% se destina a pérdidas y daños ocasionados por la crisis climática.
Los ambientalistas citan datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), según los cuales el agotamiento de los recursos naturales y la degradación ambiental generaron costos por 1.38 billones de pesos durante 2024, equivalentes a 4.1% del PIB nacional.

El presupuesto tampoco asigna recursos suficientes para cumplir las metas de generación eléctrica limpia: 38.5% para 2030 y 43.3% para 2035. El Anexo Transversal 15 recibe un aumento limitado, pese a que debe respaldar la desfosilización de la economía y una transición energética justa en apego a compromisos asumidos durante la COP17.
CEMDA advierte que México podría repetir el incumplimiento de una meta previa de generación limpia si no amplía el financiamiento para el sector ambiental y energético. La organización plantea reducir de forma progresiva la expansión de los hidrocarburos y dirigir recursos a adaptación, conservación de mares y territorios, biodiversidad, inspección y participación ciudadana.


























