Sheinbaum rechaza anexión de islas en el Río Bravo por parte de EEUU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como una maniobra con motivaciones puramente electorales la decisión unilateral del estado de Texas de declararse propietario de nueve islas ubicadas en el río Bravo.

La mandataria azteca enfatizó que el ejecutivo tejano carece de toda competencia para intervenir en asuntos internacionales y alterar los límites territoriales vigentes entre ambos países. Durante su habitual conferencia matutina, Sheinbaum desestimó la validez del anuncio estadounidense y subrayó que la soberanía de dichas formaciones insulares recae en mecanismos internacionales legalmente establecidos.

Afirmó con rotundidad que ningún gobierno estatal posee la potestad legal para adjudicarse territorios fronterizos ni para alterar los acuerdos bilaterales ratificados por ambas naciones.

El pronunciamiento presidencial responde directamente a las recientes acciones de las autoridades tejanas, quienes justificaron su despliegue en la zona bajo el argumento de combatir el crimen organizado. Para la jefa de Estado mexicana, la intromisión busca únicamente ganar visibilidad política aprovechando la coyuntura electoral que atraviesa Estados Unidos.

CILA define los límites fronterizos

Sheinbaum recordó que la determinación de la soberanía sobre las islas del río Bravo corresponde de manera exclusiva a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA). Este organismo bilateral técnico asume la responsabilidad de efectuar los levantamientos topográficos y las mediciones correspondientes cada vez que el cauce fluvial altera el terreno.

La mandataria explicó que el movimiento natural del agua genera nuevas islas de forma continua en la dinámica del río. Aclaró que la CILA analiza técnicamente la ubicación de cada masa de tierra para dictaminar si pertenece a México, a Estados Unidos o si requiere una división compartida, neutralizando así cualquier pretensión unilateral.

Con esta postura, la jefa del Ejecutivo mexicano remarcó que las decisiones limítrofes jamás dependen de un gobernador o de una oficina estatal.

La diplomacia mexicana sostiene que cualquier cambio en la demarcación exige apego riguroso a los procedimientos científicos y jurídicos fijados entre las dos administraciones federales.

Despliegue tejano sin sustento legal

El conflicto escaló tras el anuncio de la Oficina General de Tierras de Texas, encabezada por la comisionada Dawn Buckingham, que adjudicó a su estado la propiedad de las nueve islas. Bajo dicho alegato, la funcionaria autorizó patrullajes policiales tejanos en la zona con el pretexto de frenar las operaciones del narcotráfico y el tráfico de personas.

Buckingham argumentó que la falta de certeza sobre la titularidad de los terrenos dificultó durante años la vigilancia en la frontera. Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México rechazó inmediatamente tales afirmaciones y recordó la vigencia plena del Tratado Fronterizo de 1970.

La cancillería mexicana reiteró que el cauce central del río Bravo marca la separación oficial acordada de manera bilateral. Ningún estado estadounidense posee atribuciones para modificar los límites nacionales, por lo que México exige el respeto irrestricto a los tratados diplomáticos constituidos.

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