Temor a operativos de ICE crece entre la comunidad venezolana de Doral

La presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en distintos puntos de Doral ha incrementado la preocupación entre familias venezolanas de esta ciudad del sur de Florida, donde residentes reportan controles migratorios y detenciones que han generado temor incluso entre personas con procesos de asilo pendientes.

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Uno de los casos que más inquietud ha provocado es el de Humberto Castro, un venezolano de 59 años que vivía en Doral desde hacía ocho años y fue detenido cuando se dirigía a su trabajo. Su hija, Arianna Castro, aseguró que tenía un permiso de trabajo vigente hasta 2030, una solicitud de asilo pendiente y no tenía antecedentes penales.

“Mi papá tiene su permiso de trabajo con validez hasta el 2030. Su asilo está pendiente. Estaba yendo a su trabajo, manejando normal, y lo pararon y esposaron”, relató la joven, según El País. El caso, que fue denunciado por la familia, se convirtió en uno de los ejemplos citados para describir la incertidumbre que atraviesan algunos venezolanos en el área de Miami-Dade.

Asimismo, residentes han reportado presencia de agentes federales en las inmediaciones de la avenida 107 y la calle 58, una zona donde se han observado vehículos de ICE realizando operativos. Otro caso denunciado es el de Daniel Velázquez, un joven venezolano solicitante de asilo que fue detenido mientras se dirigía a su trabajo. Las autoridades migratorias no han publicado un balance específico sobre cuántas personas han sido detenidas en Doral durante estos procedimientos.

La preocupación tiene un peso particular en Doral, una ciudad con una amplia población inmigrante y una importante presencia venezolana. Un reporte local señala que cerca de cuatro de cada 10 residentes tienen raíces venezolanas y que los arrestos migratorios registrados en la ciudad pasaron de tres en diciembre a 17 en julio, aunque esas cifras corresponden a registros de detenciones y no implican que todas hayan ocurrido durante operativos callejeros.

Por otra parte, la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, ha aclarado que la policía local no comparte con las agencias federales la información obtenida mediante las cámaras de lectura de matrículas. La ciudad, sin embargo, mantiene un acuerdo 287(g) con ICE que permite determinadas formas de cooperación entre autoridades locales y federales en materia migratoria.

El concejal Rafael Pineyro, único miembro de origen venezolano del Concejo de Doral, ha calificado el aumento de las detenciones como un momento especialmente preocupante para las familias venezolanas. Mientras organizaciones del exilio han pedido al Congreso revisar casos de inmigrantes detenidos, la comunidad continúa a la espera de mayor claridad sobre los criterios utilizados por ICE en los operativos.