TSJ y Unicef inician capacitación para 30 jueces en Caracas
El programa, parte del plan de trabajo 2026-2027, busca reforzar competencias en justicia penal adolescente y protección integral.
CARACAS, VENEZUELA — El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) iniciaron una capacitación dirigida a 30 jueces y juezas del Área Metropolitana de Caracas, centrada en la protección y responsabilidad penal del adolescente.
El programa forma parte del plan de trabajo TSJ‑Unicef 2026‑2027 y tiene como objetivo consolidar conocimientos y herramientas que contribuyan a una administración de justicia más eficiente, con énfasis en el debido proceso, la protección integral y la finalidad socioeducativa de la justicia penal adolescente, según informó el TSJ en sus redes sociales.
Desarrollo de la capacitación
La actividad se llevó a cabo en el Centro Internacional de Actualización Profesional (CIAP) de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab). Entre los participantes se encontraban magistrados de alto rango del TSJ, funcionarios de Unicef Venezuela y representantes académicos de la Universidad Católica Andrés Bello.
El magistrado Elías Rubén Bittar Escalona, primer vicepresidente del TSJ y presidente de la Sala de Casación Social, asistió al evento, al igual que la magistrada Carmen Marisela Castro Gilly, presidenta de la Sala de Casación Penal. La jefa de la Sección de Protección de la Niñez de Unicef, Ana Catalina Fernández, y la oficial de Unicef Venezuela, Delia Martínez, también estuvieron presentes.
La jueza rectora del Área Metropolitana de Caracas, Zulay Bravo, quien coordina la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, participó como coordinadora del proceso formativo. Además, la directora de Postgrado de la Facultad de Derecho, Ninoska Rodríguez, y el director del CIAP, el profesor Miguel Goncalves, formaron parte del equipo organizador.
Objetivos y alcance
La capacitación busca fortalecer las competencias de los operadores de justicia para garantizar una atención especializada, respetuosa de los derechos humanos y orientada al desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Los contenidos incluyen aspectos procesales, técnicas de entrevista, criterios de medida socioeducativa y mecanismos de protección integral.
Según el TSJ, la iniciativa pretende mejorar la eficiencia del sistema judicial al proporcionar a los jueces herramientas que faciliten decisiones basadas en la finalidad socioeducativa, reduciendo la reincidencia y favoreciendo la reintegración social de los menores infractores.
El programa también está alineado con los compromisos internacionales de Venezuela en materia de derechos del niño, reforzando la aplicación de normas internacionales en el ámbito judicial nacional.
Los 30 jueces y juezas capacitados representan una muestra significativa del cuerpo judicial del Área Metropolitana, lo que permite una difusión posterior de las buenas prácticas adquiridas en sus respectivas salas y jurisdicciones.
El TSJ ha señalado que la colaboración con Unicef continuará en los próximos años, ampliando la cobertura de la capacitación a otras regiones del país y profundizando en temáticas como la violencia de género contra menores y la prevención del delito juvenil.
En palabras de la jueza Zulay Bravo, la coordinación entre el TSJ y Unicef constituye un paso importante para garantizar que la justicia penal adolescente se ejerza con criterios de protección y educación, en lugar de castigo exclusivamente punitivo.
El programa de capacitación se inscribe dentro de una agenda más amplia de reformas judiciales que busca modernizar el sistema de justicia venezolano, alinearlo con estándares internacionales y responder a las demandas sociales de mayor protección a la infancia y adolescencia.
La Universidad Católica Andrés Bello, a través del CIAP, proporcionó la infraestructura y el soporte logístico necesario para la realización del evento, subrayando la colaboración entre instituciones académicas y organismos internacionales en la mejora del sector judicial.
La iniciativa ha sido difundida en los canales oficiales del TSJ, reforzando la transparencia del proceso y la intención de mantener informada a la ciudadanía sobre los avances en la protección de los derechos de los menores en el sistema penal.