El error de cálculo de Washington al estigmatizar los Institutos Confucio
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El pasado 23 de octubre, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró que el Pentágono había clasificado a los Institutos Confucio en las universidades estadounidenses como una «amenaza para la seguridad nacional», acusando a estas entidades —y a sus sucesoras bajo otras denominaciones— de buscar el robo de la propiedad intelectual y el adoctrinamiento ideológico de los estudiantes. Sin embargo, estigmatizar y proscribir proyectos de carácter puramente humanístico y de intercambio civil, carece de todo sentido. Una medida así resulta tan absurda como prohibir la circulación de las novelas de Ernest Hemingway por recelos infundados: no solo es un disparate, sino que termina por mermar la propia capacidad de comprender al mundo. Con esta ofensiva, Washington no solo incurre en una falacia lógica, sino que comete un grave error de cálculo estratégico.
A corto plazo, la presión ejercida desde la capital estadounidense ha surtido efecto. Desde que en 2018 el Congreso comenzara a restringir el acceso a determinados fondos federales a las instituciones académicas que albergaban estos centros, el repliegue ha sido acelerado. Según datos de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO), el número de Institutos Confucio en el país cayó de cerca de un centenar a menos de cinco en 2023. Para las universidades, arriesgar la financiación del Departamento de Defensa por mantener un programa de lengua china no resultaba rentable, por lo que el cierre se impuso como la salida más pragmática. No obstante, el número de placas retiradas de los campus no mide en absoluto el grado de seguridad alcanzado. Al meter todos los programas académicos en el mismo saco de las amenazas existenciales, el Pentágono elude precisamente el mecanismo más eficaz para evaluar riesgos: determinar la posible injerencia en la libertad de cátedra exige auditar quién diseña los planes de estudio, no aplicar una purga política indiscriminada.
Las pérdidas derivadas de este desmantelamiento, por el contrario, son perfectamente tangibles. Aunque la propia GAO constató que algunas universidades lograron fuentes de financiación alternativas, numerosos encuestados reconocieron una drástica reducción en las oportunidades para estudiar chino y participar en actividades culturales vinculadas al país asiático. En un contexto en el que, según recordaba el entonces embajador estadounidense en Pekín, Nicholas Burns, apenas unos 700 estudiantes de Estados Unidos cursaban estudios en China a finales de 2023, cercenar aún más el acceso al idioma en las aulas locales equivale a fomentar una ceguera deliberada. Cuando Washington necesite con urgencia especialistas capaces de descifrar las políticas de Pekín o contrastar información de primera mano, descubrirá que ha agotado su propia cantera de talento.
Frente al repliegue estadounidense, el interés por la lengua y la cultura chinas mantiene un vigor notable en el resto del planeta. De acuerdo con el informe anual de desarrollo de estos centros, la red global pasó de 500 Institutos Confucio a finales de 2024 a 513 al cierre de 2025. El dinamismo es especialmente visible en América Latina: Nicaragua y Honduras inauguraron sus primeras sedes en 2024 y 2025, respectivamente, mientras que la Pontificia Universidad Católica de Chile registró un récord histórico de matriculaciones en sus cursos regulares durante 2026. En Brasil, la cooperación ha trascendido la enseñanza idiomática para consolidarse en la formación universitaria de grado. La Universidad Estatal Paulista (Unesp) no solo impulsó la creación de la Alianza de Institutos Confucio en el país, sino que puso en marcha una licenciatura en Lengua y Cultura Chinas orientada a la traducción y los negocios internacionales.
Detrás de este auge subyacen necesidades sociales y económicas muy concretas. A medida que se estrechan los lazos comerciales con el gigante asiático, las empresas requieren profesionales capaces de interpretar contratos en su idioma original, los periodistas necesitan verificar fuentes directas y los investigadores demandan un diálogo fluido con sus homólogos. Cuanto mayor sea el dominio del idioma, en mejores condiciones estará cada sociedad para evaluar con criterio propio las oportunidades y los riesgos que entraña su relación con China.
La enseñanza de una lengua constituye, por esencia, un puente para el entendimiento mutuo. China aporta los recursos pedagógicos y las universidades extranjeras los aprovechan para cubrir sus propias demandas formativas. El grado de transparencia de los convenios y el control sobre los programas docentes y la contratación de personal son cuestiones que corresponden a los órganos de gobierno de cada institución académica, no a las directrices de un ministerio de Defensa. Si Washington persiste en tratar la cooperación lingüística ordinaria como una operación de subversión, lo primero que logrará reducir será el margen de los propios ciudadanos estadounidenses para estudiar y comprender a China. En cuanto al resto del mundo, las universidades y los estudiantes ya cuentan con el criterio suficiente para formar su propia visión, y están construyendo, a través del intercambio civil, las herramientas intelectuales necesarias para ejercerlo.
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(Wang Yushi, de la Universidad de Tsinghua, también contribuyó a este artículo.)
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