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El INE, con Taddei o sin ella, seguirá bajo control de la 4T

Para los sectores más radicales de Morena, la autonomía del INE representa un obstáculo que debe ser eliminado y no una garantía democrática que merece preservarse.

Por: Redacción InteractPostNews | México ·
El INE, con Taddei o sin ella, seguirá bajo control de la 4T

Cada vez crecen las voces que aseguran que la intención del oficialismo es desaparecer al INE para dar paso a un nuevo organismo electoral que sea un apéndice de Segob, tal como ocurría el siglo pasado cuando la aplanadora del PRI imponía su hegemonía.

Mientras tanto, la pregunta que recorre los pasillos de San Lázaro no es solamente quién ocupará la presidencia del Instituto Nacional Electoral, sino hasta dónde está dispuesto a llegar el oficialismo para conservar el control político del árbitro electoral.

La disputa entre quienes buscan construir consensos con la oposición y aquellos que prefieren imponer su voluntad mediante la fuerza de su mayoría legislativa exhibe una realidad preocupante: para los sectores más radicales de Morena, la autonomía del INE representa un obstáculo que debe ser eliminado y no una garantía democrática que merece preservarse.

En esta nueva batalla política aparecen dos posiciones dentro del propio oficialismo. Por un lado, Ricardo Monreal y algunos legisladores identificados con las corrientes moderadas consideran conveniente negociar con las fuerzas opositoras para construir una mayoría que permita designar a la nueva titular del organismo electoral.

Por el otro, los duros de Morena parecen inclinados a repetir la fórmula del agandalle legislativo, sin importar el costo institucional ni el deterioro de la credibilidad de una autoridad que debería mantenerse por encima de los intereses partidistas.

El problema de fondo no es exclusivamente el nombre de quien sustituya a Guadalupe Taddei. Lo verdaderamente grave es que la discusión parece concentrarse en quién tendrá el control del instituto y no en cómo recuperar su independencia, profesionalismo y confianza ciudadana.

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La experiencia de los últimos años debería servir de advertencia. El INE ha enfrentado cuestionamientos sobre sus decisiones, conflictos administrativos, controversias presupuestales y señalamientos relacionados con contrataciones y adjudicaciones que ameritan investigaciones transparentes. En lugar de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, la clase política parece empeñada en convertir al organismo en otro territorio de conquista partidista.

No debe olvidarse que la autoridad electoral tiene la obligación constitucional de actuar bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Ninguno de ellos puede quedar subordinado a las instrucciones de Palacio Nacional, a las conveniencias de Morena o a los acuerdos que se cocinen en las oficinas de los coordinadores parlamentarios.

La posición de Monreal tiene una explicación política. Sabe que una designación construida mediante acuerdos entre distintas fuerzas parlamentarias otorgaría mayor legitimidad a la nueva presidencia del instituto, particularmente ante las elecciones intermedias de 2027.

También entiende que imponer una figura identificada abiertamente con el oficialismo profundizaría la desconfianza de los partidos opositores y de amplios sectores de la ciudadanía.

Sin embargo, los radicales parecen tener otra lectura. Para ellos, la mayoría legislativa no solamente representa la posibilidad de aprobar reformas y presupuestos, sino una especie de patente de corso para apropiarse de los organismos constitucionales que deberían funcionar como contrapesos del poder político.

Bajo esa lógica, la independencia institucional se convierte en una concesión prescindible y la pluralidad democrática en un estorbo.

La discusión adquiere mayor relevancia porque las elecciones de 2027 no serán unos comicios ordinarios. Estarán en juego la renovación de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y numerosos cargos locales. En semejante escenario, contar con un árbitro electoral independiente resulta indispensable para evitar que las disputas políticas terminen convirtiéndose en una crisis de legitimidad.

Morena tendría que ser el primer interesado en garantizar una autoridad electoral confiable. Si realmente conserva la fortaleza que le atribuyen las encuestas, no debería necesitar consejeros complacientes, decisiones administrativas favorables ni interpretaciones jurídicas acomodadas a sus intereses.

La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta igualmente una definición política. Puede permitir que las corrientes más radicales de su movimiento profundicen la confrontación institucional o respalden una salida que fortalezca la autonomía electoral. Su gobierno será juzgado no solamente por los resultados de las elecciones, sino también por las condiciones democráticas en que éstas se desarrollen.

Lo más inquietante es que, con Guadalupe Taddei o sin ella, persiste la sospecha de que Morena pretende mantener una influencia determinante sobre el organismo encargado de organizar y vigilar las elecciones. Cambiar a la persona que preside el instituto no resolverá nada si permanecen intactas las prácticas de subordinación política que sus críticos denuncian.

El gobierno no solamente pretende ganar las elecciones, sino también controlar a quien debe vigilarlas. Y cuando el árbitro deja de ser independiente, la democracia comienza a perderse mucho antes de que se instalen las urnas.