🔴 ÚLTIMA HORA:
México

México; lugar 125 en el Índice Mundial de Estado de Derecho

Todos hablamos del “Estado de derecho”, pero cuando preguntamos en qué consiste, qué factores lo integran y si se puede medir o representar, las explicaciones desvarían.

Por: Redacción InteractPostNews | México ·
México; lugar 125 en el Índice Mundial de Estado de Derecho

Todos hablamos del “Estado de derecho”, pero cuando preguntamos en qué consiste, qué factores lo integran y si se puede medir o representar, las explicaciones desvarían.

Todos, unos más que otros, concluimos que el Estado de derecho en nuestro país está vulnerado, pero tampoco nos ponemos de acuerdo en la temporalidad ni el devenir del suceso.

Unos ubican el Estado de derecho en el respeto a los derechos humanos; otros, en la eficacia de las instituciones judiciales; unos más, en la contundencia del sistema penal para abatir la impunidad; los menos, en la transparencia del actuar gubernamental; y otro grupo numeroso, en la suma de todos los criterios bajo la más amplia expresión: “Estado constitucional de derecho”.

Cuando las cosas son así de aparentes, así de subjetivas, así de inciertas, recurrir a mediciones que aporten algún grado de certidumbre parece una buena alternativa, particularmente cuando la fuente de información es ajena al objeto de estudio, esto es, proviene de un organismo internacional neutral y desinteresado.

Esta es la labor que el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP) persigue desde hace unos años: dotar a académicos, expertos, políticos, instituciones públicas y privadas, medios de comunicación y público en general de datos sólidos y estadísticas que permitan una lectura consensual sobre los factores que inciden en el bienestar o afectación del estado de derecho, y su seguimiento periódico.

Para la construcción del índice, la organización mide 44 indicadores agrupados en 8 rubros: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia criminal.

Te puede interesar

Publicidad
Ver todas las ofertas →

México se ubicó en el lugar 125 de 143 países (descendiendo desde el puesto 121 que ocupaba en 2025), con una calificación de 0.39 sobre 1 y un retroceso acumulado del 8.4 por ciento en comparación con 2021.

A nivel regional, nuestra calificación es aún más preocupante, al ocupar la casilla 28 de 32 países y en la posición 43 de 44 economías de ingreso mediano alto. Su calificación lo sitúa por debajo del umbral de 0.40, dentro del segmento de menor fortaleza institucional.

Las áreas que mayor rezago muestran de nuestro país son: justicia penal (lugar 139, con 0.22 puntos), ausencia de corrupción (lugar 135, con 0.26 puntos); justicia civil (lugar 135, con 0.34 puntos); y orden y seguridad (lugar 132, con 0.50 puntos).

Uno de los aspectos más útiles que aporta este instrumento es la calificación por cada factor medido.

En el caso de nuestro país, los mejor calificados en el 2019 son el de límites al poder gubernamental, gracias a la alta evaluación que merece nuestro sistema de transición legítima al poder, seguido de los indicadores de gobierno abierto, que toma en cuenta la difusión de leyes e información gubernamental.

Nuestros dos peores índices, obvio, son los de justicia criminal y ausencia de corrupción.

Me parece que, ante la contundencia de los números, no debamos simplemente rendirnos y desgarrarnos las vestiduras, pero mal haríamos en ignorar los señalamientos que se desprenden de una herramienta que establece puntos de referencia, y que enfatiza lo que se debe mejorar.

No podemos mirar al enfermo y seguir de largo, cuando hay alguien que desde la neutralidad nos está diciendo cuál es la enfermedad.

Podemos o no estar de acuerdo en los criterios y metodología, pero creo que todos coincidimos en reconocer que el Estado de derecho en nuestro país se encuentra en situación crítica y que solo el esfuerzo decidido de todos podrá revertir los efectos.

Aquí sí, todos estamos convocados, porque el que no denuncia, el que corrompe al policía de tránsito, el que no paga sus impuestos o el que viola la ley, flagrante y conscientemente deterioran y sabotean, también, la recuperación de nuestro Estado de derecho.