Superar la polarización

El clima en el que el gobierno de la presidenta Sheinbaum y el Congreso ejercen el poder y el PRI y el PAN quisieran recuperarlo está altamente polarizado, pero no todos los desacuerdos tienen que ser irreconciliables.

La polarización es el efecto, hasta cierto punto normal, de una confrontación entre la Cuarta Transformación (4T) y las fuerzas económicas y sociales que juegan a través de lo que queda del PRI y el PAN, de los medios de comunicación y de organizaciones empresariales y otras de igual carácter civil.

No es una confrontación meramente electoral ni una polémica sobre la eficacia de las políticas públicas; en el fondo, la polarización política expresa el conflicto entre dos concepciones del Estado, de la economía, de la justicia social, de la democracia y de la distribución del poder en México.

En el proyecto de la 4T, el Estado es socialmente responsable de lograr el bien común, sin exclusiones; el principio organizador es que el crecimiento económico sea la base de la prosperidad compartida, a lograrse mediante mejores empleos y salarios, y transferencias sociales que reduzcan la pobreza y las desigualdades.

De ahí surgen otros temas difíciles, como el de reducir la influencia política de las élites económicas en el Congreso y en las dependencias del Ejecutivo, que la oposición resiente como obstáculos a la iniciativa empresarial.

Otro tema de controversia difícil de conciliar es la transformación de las estructuras del poder del Estado (SCJN, INE, INAI y demás instituciones autónomas) que la 4T considera que estaban diseñadas y operadas por grupos económicos, intereses corporativos y estructuras burocráticas con intereses propios, alejados de los sociales.

Las fuerzas conservadoras acusan que con las reformas institucionales llevadas a cabo se han vulnerado los contrapesos de poder y las garantías jurídicas.

Los «demócratas libertarios» —a inteligencia de derecha que razona, como Enrique Krauze y Aguilar Camín— se debate en el dilema entre la democracia entendida como participación popular, justicia social y rendición de cuentas, y la democracia entendida como pluralismo y contrapesos institucionales.

Ante la transformación de instituciones, la derecha más rancia clama por una «libertad paradójica» del individuo ante el Estado que le permita, por un lado, alcanzar el éxito por sus propios méritos y, por otro, que quien emprenda un negocio encuentre los incentivos de gobierno a su inversión y acumulación privada. ¡Vaya libertad económica!

Son contradicciones políticas de fondo que difícilmente pueden resolverse entre quienes ejercen el poder del Estado y quienes aspiran a recuperarlo, sin que una o las dos partes renunciaran a principios esenciales.

Pero hay situaciones económicas que operan con un elevado grado de objetividad, es decir, con independencia de criterios ideológicos y, en última instancia, de intereses particulares, por poderosos que sean. En ese ámbito también hay desacuerdos, pero no tienen por qué ser irreconciliables.

La 4T sostiene que el crecimiento económico por sí solo no garantiza una distribución socialmente aceptable de sus beneficios; las evidencias de que así es son contundentes. Por eso le atribuye al Estado una responsabilidad directa en la elevación de los salarios, de las pensiones y en las transferencias por vía de los programas sociales.

La derecha económica, en cambio, privilegia el argumento de que la prosperidad depende de las inversiones privadas, de la productividad laboral, y esas dos condiciones dependen a su vez de la certidumbre jurídica y, primordialmente, de la rentabilidad empresarial.

Conforme a la racionalidad de una economía de mercado, como es la nuestra, ambas argumentaciones aciertan.

El conflicto no consiste en tener que optar entre crecimiento de inversiones o justicia social, sino en determinar cómo se distribuyen los costos y los beneficios del crecimiento de la riqueza.

Al respecto, una transformación necesaria es que la rentabilidad empresarial dependa cada vez menos de mantener bajos los salarios, de reducir los derechos laborales y de evitar todo lo que se pueda, el pagar impuestos. A ello contribuiría una mejor infraestructura, más energía disponible y confiable, mayor seguridad pública y otros factores de gran importancia objetiva para que la pequeña, mediana y gran industria nacional acreciente sus inversiones.

Para seguir avanzando en su propósito de justicia social, la 4T requiere inversión productiva, crecimiento económico sostenido, instituciones confiables y construir acuerdos más allá de su base electoral; necesita atraer a las clases medias, que manejan el 98 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Si las diferencias ideológicas y políticas entre los proyectos de nación que persigue la 4T y el que defienden los beneficiarios del neoliberalismo son irreconciliables, no tienen por qué serlo ante las reglas y los requisitos de una economía de mercado.

Tales reglas elementales exigen que, para invertir en producir con rentabilidad, haya mercados internos dinámicos.

El desafío estratégico es que el Estado y gobierno mexicanos construyan acuerdos que convoquen elevar las inversiones en la planta industrial que sirve al mercado interno, a elevar también los salarios y a reducir los privilegios y las desigualdades.